Las empresas creen que la presión impositiva agotó este año

En 2022 se debatió mucho sobre la presión fiscal y la sustentabilidad del sistema tributario argentino. En un año electoral como 2023 es de esperar que este debate aumente y enriquezca a la sociedad. «De las respuestas que se recogen cada año se déprende que es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal que haga foco en la productividad y en el desarrollo sin que se haga una lectura de este gravamen y reduzcan cuesta la superposición de los regímenes de recaudación provinciales ”, señala Fernando Quiroga Lafargue, Socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta.

Las conclusiones de la encuesta de este año ofrecen una visión autorizada al tratarse de referentes de compañías de primera línea cuyas decisiones de inversión pueden resultar significativas en el crecimiento, empleo y formalización económica. También profundiza la percepción que tiene su empresa en todo momento de que está mal de sus autoridades fiscales y de la justicia en su entorno fiscal. Incidencia en precios y planes de inversión de las empresas, 2) Rol de organizaciones administrativas y judiciales; y 3) Perspectivas para 2023.

Resultados principales

Presión fiscal recibida. Incidencia en precios y planes de inversión de las empresas

– Cargos: El 52% de los encuestados respondió que Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto que más impactó en los precios de los productos y servicios en 2022. Es seguido por Ganancias (19,64%). De esta manera el Impuesto sobre los Ingresos Brutos consolida año año en el liderazgo absoluto de los tributos que encarecen de determinar manera los precios y servicios de las empresas.

– Inversiones: En la opinión mayoritaria de los encuestados (96,43%) se observa que el marco fiscal argentino o bien los obligó a desinvertir o en el mayor de los casos los permisos «mantienen» las inversiones son efectuadas. Sólo un 3,57% manifestó haber desarrollado en el 2022 algún plan de expansión en términos de inversión. De acuerdo con las últimas encuestas continúa muy alto y constante el porcentaje de aquellos que manifiestan tuvieron vistos obligados a desinvertir como consecuencia del marco fiscal. (50%).

– Ganancias: Descontando el efecto de la inflación, un tercio (34%) de los consultados predijo un resultado sujeto al impuesto mayor a 2021 en la próxima Declaración Jurada de 2022 (se hace en mayo 2023 par los cierres de diciembre). Otro tercio crea determinar un resultado impositivo minor que el del año pasado (32%) y un 9% estima presentar una utilidad impositiva igual que en 2021. Finalmente, un 25% de los consultados manifestó reportar pérdidas impositivas por el ejercicio 2022. Del grupo que estima pérdidas impuestas para el año 2022, un 21% vendrá a declarar utilidades en el 2021.

– Normas tributarias: Más del 90% de las respuestas coincidió en que las tributarias no son publicadas con un nivel suficiente de estudio y consenso previo entre las organizaciones públicas y las cámaras empresariales para su adecuada implementación. Esto es tanto en el ámbito nacional como en el provincial. «Una mayor articulación entre funcionarios y Cámaras Empresariales y asociaciones profesionales podría ayudar a revertir esta problemática que incide hoy en la certidumbre con que debería contar quien pretende cumplir con sus obligaciones fiscales», explica Quiroga Lafargue.

– Premio : Se le preguntó a los entrevistados, si fuera posible fijar precios diferenciales por jurisdicción, en que Provincias debería vender más caros sus productos y servicios dado el marco fiscal de cada una. Y la Provincia de Buenos Aires sigue encabezando la lista de la presión tributaria que incide en la determinación de los precios de productos y servicios. El cartel de CABA. La novedad en la encuesta de este año ha sido la irrupción de Misiones y Tucumán. Si bien los dos estados ya venían leaderando el grupo de provincias detrás de las 3 primeras, este año incluso han deplazado a Córdoba al quinto puesto. Frente a la pregunta de si con la presión fiscal provincial la empresa restringió operaciones de venta de bienes o prestaciones de servicios en alguna jurisdicción, el 80% de las respuestas fueron negativas. Misiones fue la más votada entre los que si restringieron ventas. “Este es un ejemplo de cómo la presión fiscal provincial termina limitando la oferta de bienes y servicios a los que acceden los inmuebles de los residentes”, agrega.

– Saldos a favor impositivos: El 82% de los consultados se interesó por los impuestos provinciales de diversa magnitud. La generalización de este tipo de inmovilización financiera para las empresas es altamente perjudicial. De acuerdo a los resultados que vemos año año se vienen profundizando y hasta naturalizando la existencia de estos problemas. La multiplicidad de los regímenes de recaudación provinciales sobre transacciones, muchas veces duplicadas al aplicar también sobre las acreditaciones bancarias, ha generalizado lo que para muchas empresas constituye uno de los principales problemas del régimen tributario del país.

– Incentivos: Ante la consulta acerca de que medidas positivas de incentivo sirvieron para el desarrollo económico, la Industria del Conocimiento fue la más reconocida con un 57%. En la actividad industrial y en aquellas vinculadas a las exportaciones la identificación de este tipo de medida hecha por los encuestados es baja, 18% y 17%, respectivamente. Más baja aún es la mirada a la hora de identificar medidas impositivas que actúen como incentivo para objetivos de inclusión financiera de la población con un 5,36%. Un 94,64% demuestra concretamente que no se reconoce ninguna medida de incentivo. «Tratándose de actividades claves en el desarrollo sustentable de la economía del país, estas opiniones muestran lo mucho por hacer en estos aspectos de cara al futuro», explica Quiroga Lafargue.

Función de los órganos administrativos y judiciales

– Objetividad. Como todos los años se relevon las opiniones de los organismos fiscales o tribunales administrativos o judiciales (AFIP, AGIP, ARBA, Tribunal Fiscal de la Nación (FN), Justicia Provincial y Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)) en materia de objetividad y con un rango de calificación del 1 al 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la calificación más alta con un 6.64, seguida por el Tribunal Fiscal de la Nación con 6.09. En otro extremo la justicia en la zona tributaria de las Provincias fue ponderada con un 4,70. Cualquier opinión acerca del rol de la AFIP por la objetividad de sus funcionarios muestra una evolución gradual dentro de una calificación intermedia. En el año 2019 fue de 4,44; en 2020 de 4,64; en 2021 por 5,06 y en 2022 por 5,25. La AGIP (Rentas de la Ciudad de Buenos Aires) se mantiene desde el año pasado en un rango intermedio (5.18) mientras que en el caso de ARBA (Rentas de la Provincia de Buenos Aires) continúa la apreciación de la objetividad por parte de las empresas siendo más baja con una calificación de 4,07.

Perspectivas para 2023

– Presión fiscal: el 83,93% de los consultados afirmó que en 2023 aumentará la presión fiscal sober los negocios de las empresas. La mirada pesimista de los encuestados en cuanto al agravamiento de la presión fiscal en la economía se ha mantenido muy alta en los últimos 5 años. «The agravamiento que se prevé en materia de presión tributaria para este año sumado al elevado porcentaje de encuestados que señalóon que y en 2022 la presión fiscal los había llevado a una situación desinversión, debería ser una potente señal de alerta par las autoridades económicas como para los equipos económicos de aquellos qu’apunten a ser elegidos en funciones ejecutivas en el proceso electoral de este año”, dice en este tema Quiroga Lafargue. esperaba mantener su inversión en el país, hubo un 30,36% que mostró su intención de reducir su inversión

– Provincias. El 98 % de los encuestados cree que hay poco o ningún interés por parte de las provincias para utilizar incentivos impositivos para atraer inversiones productivas a sus territorios.
u Previsibilidad. Con relación a posibles iniciativas gubernamentales tax en 2023 que podrían favorecer les inversiones, los encuestados ranquearon las siguientes prioridades:

1. Establecer un marco de previsión fiscal por 10 años sin aumentos de gravámenes nacionales y provinciales:
2. Atenuación significativa de alícuotas de Impuesto sobre los Ingresos Brutos
3. Rebajas de costos patronales
4. Consideración total del Impuesto a los Débitos y Créditos como cuenta del Impuesto a las Ganancias e IVA
5. Contar con mayor objetividad de las autoridades fiscales provinciales y la justicia provincial en el ámbito fiscal
6. Simplificación tributaria en trámites, inscripciones, registros y demás aspectos formales ante las autoridades fiscales
7. Rebaja de costos impositivos al acceso al financiamiento local e internacional
8. Sumar Convenios para evitar la doble imposición con otros países

La iniciativa más votada por los encuestados para facilitar la inversión en Argentina no implica necesariamente una rebaja impositiva sino al menos mantener un horizonte de previsibilidad de 10 años sin aumentos de gravámenes nacionales y provinciales. Finalmente, los encuestados votaron como iniciativa relevante la atenuación significativa de alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Y tercer lugar expresan la necesidad de reducir los costos patronales para ampliar su nomina de personal.